Conceden libertad bajo fianza a Fernández Herrera y le prohíben salir del país.

Por Juan José García Amaro.

El juez de Control de la 13ª Sala Penal, César Alberto Villalba Máynez, concedió la libertad bajo caución al ex secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, quien fue detenido por el delito de uso ilegal de atribuciones, al pedir un crédito por más de 400 millones de pesos, durante el gobierno encabezado por Javier Corral Jurado.

Asimismo, se le fijó una fianza por 800 mil pesos, para llevar su proceso en libertad, y se le retiro la visa y el pasaporte mexicano para que no pueda salir del país. Los documentos, a petición del juez, fueron entregados al agente del Ministerio Público.

En este sentido, el ex funcionario corralista deberá acudir a firmar cada semana al Juzgado para corroborar que se encuentra en el país, particularmente en la ciudad, para que no evada la acción de la justicia, en este delito que tiene una pena entre dos y seis años de prisión.

El juez de Control Villalba Máynez, fijó para el próximo viernes 19 de mayo a las 09:00 horas, la audiencia de vinculación a proceso o no sobre este proceso por el que se libró la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE).

Fernández Herrera compareció ante el juez este mediodía, para enfrentar la acusación bajo la causa 1641/2023 por uso indebido de atribuciones. El ex secretario fue detenido este domingo, poco antes de las dos de la tarde en el estacionamiento del Hospital Ángeles.

Al respecto, el titular de la FAE, Abelardo Valenzuela Holguín, dijo que después de una minuciosa investigación, y respetando los principios de presunción de inocencia, se procedió a la detención del ex director del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), la cual fue obsequiada por el Juez de Control, la cual tiene dos antecedentes.

Denuncias presentadas: ante la Fiscalía Anticorrupción, el pasado mes de febrero, por parte de la Auditoria Superior del Estado, así como de la Secretaría de la Función Púbica, que por tratarse de los mismos hechos, se acumularon en la presente indagatoria…

“En ambas denuncias, se establece que E.F.H., en su carácter de Director del Instituto Chihuahuense de la Salud, incurrió en grado de probabilidad, en la comisión de conductas delictivas, particularmente, la tipificada como uso ilegal de atribuciones y facultades. Hemos encontrado elementos suficientes para imputar a EFH, de los siguientes hechos:

“El 3 de marzo de 2021 firmó un convenio atípico, por el que se reconoció́ un “adeudo” por 401, 364,155.59 pesos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual, se comprometió́ a pagar en seis parcialidades mensuales, pagaderas del último día del mes de marzo de 2021 al último día del mes de agosto del mismo año.

“Es decir, generaron un irregular documento público que consigna el reconocimiento o confesión de una deuda del Gobierno del Estado a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud. El cual, es un organismo descentralizado (no autónomo) cuyo Director General es el mismo Secretario de Salud dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua”, dijo.

Valenzuela Holguín explicó que el primer acto preparatorio con el fin de contratar deuda pública, por dicha cantidad, para después, en su carácter de Director del ICHISAL solicitar autorización al Gobierno del Estado para ceder los derechos de cobro derivados del convenio en favor de la institución bancaria BANSI, S.A.

Posteriormente, el imputado celebró el 17 de marzo de 2021, un contrato privado innominado “de descuento de documentos” con la institución bancaria, en la que cedió y el banco adquirió́ los derechos de cobro por 401 millones 364 mil 155.59 pesos, reconocidos por el Gobierno del Estado.

Derivado de lo anterior, el 19 de marzo de 2021, el banco depositó la cantidad señalada, de los que de inmediato restó en cobro las siguientes cantidades: 1.- Saldo al 19 de marzo del 2021, por depósito del banco: $401, 364,155.59 pesos.

2.- Saldo al 22 de marzo del 2021, después de cargos cobrados por el banco: $377, 249,938.44 pesos, lo cual, fue considerado como costo y carga financiera irregular pagada por el Ichisal y el Gobierno del Estado, lo que asciende a 24 millones 114 mil 217 pesos con 15 centavos.

“Se advierte claramente que el objeto de la operación financiera, no fue ceder los derechos del convenio de reconocimiento de adeudo y pago, sino contratar financiamiento (es decir deuda, según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios) con recursos económicos públicos”, señaló en rueda de prensa.