Gana Sánchez Villegas amparo para que la reforma judicial no aplique en Chihuahua

Por Juan José García Amaro.

El diputado y coordinador de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que un juzgado de Distrito le otorgó la suspensión definitiva respecto al amparo promovido para que en Chihuahua no se aplique la reforma judicial.

“Con esta sentencia judicial se demanda al Congreso de Chihuahua que no realice ninguna de las adecuaciones de la mal llamada reforma judicial, para que esta reforma centralista, que quiere pisotear la soberanía de los estados, no entre a Chihuahua”, subrayó.

Explicó que este amparo lo promovió como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y tiene como efectos que este órgano legislativo no realice ninguna adecuación al marco normativo de Chihuahua, y las reformas centralistas en materia de justicia no sean aplicadas en la entidad, reiteró.

“Desde Chihuahua, vamos a defender nuestro norte del régimen centralista. A los chihuahuenses no nos van a venir a decir cómo imponer justicia, cómo elegir a nuestros jueces, Chihuahua es un estado libre y soberano”, puntualizó.

“¿En qué país no se puede impugnar a la autoridad? ¿En qué país no sé puede debatir la vigencia o permanencia de una ley? ¿Saben cómo se llaman esos países? Se llaman tiranías”, señaló el diputado, al llamar a los Congresos de los Estados a defender su soberanía y rechazar la reforma de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales.

“Morena tiene en agonía a la República. La casta morenista se quita la máscara después de seis años en el poder. Pasaron de retropopulistas a instaurar una república de caudillos militarizada, eliminando a su paso la división de poderes”, expresó.

Sánchez Villegas sostuvo que la reforma de la 4T atenta gravemente contra el estado de derecho y la seguridad jurídica en México, al suprimir la posibilidad de impugnar las reformas constitucionales mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales, y se derrumba el sistema de contrapesos en el que se cimenta la República.

Señaló que la eliminación de la impugnación de las normas federales representa un grave retroceso en materia de federalismo, toda vez que los estados y municipios quedarían sin herramientas para revertir las decisiones del centralismo que afecten la competencia de estos órdenes de gobierno.

“Hacemos por lo tanto un llamado de emergencia a los estados de la república, para que rechacen esta reforma antidemocrática. Los Estados Unidos de México deben de pronunciarse, los parlamentos locales deben de apelar a que no muera el federalismo”, dijo.

Cabe señalar que en Sesión Ordinaria, por mayoría de votos, la 68 Legislatura de Chihuahua, se aprobó la proposición del diputado Francisco Sánchez Villegas (MC), en la que se lanza un exhorto a los Congresos Locales a que rechacen el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de reformas a la Constitución, y se cumpla con el proceso legislativo a fin de evitar procedimientos apresurados que transgreden el análisis y debate de dicho Proyecto de Decreto.

Expuso que dentro de los motivos de la iniciativa de los senadores Adán Augusto López Hernández, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, así como por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, se propone “para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al Texto fundamental”.

Además, agregó, que este 30 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, la minuta por la que se reforma el artículo 107 y 105 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Carta Magna, por lo que se turnó a los Congresos Locales.

Explicó que uno de los puntos centrales y más alarmantes de la iniciativa presentada el 22 de octubre, fue la propuesta de reforma al artículo 1º Constitucional, en la cual, se plantea establecer que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad…”.

Dicha propuesta implicaba eliminar el control de convencionalidad de la Constitución, el cual, “es un medio de control que se utiliza para garantizar que las normas nacionales y las acciones de las autoridades del Estado sean compatibles con el marco internacional.

“Este control es una obligación de todos los órganos jurisdiccionales mexicanos en todos sus niveles. Sin la protección que brinda el control convencional, los juzgadores en México no podrán defender ni salvaguardar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales”, indicó.