Interviene FGE en el conflicto entre comunidad menonita y agentes federales

Ante la creciente hostilidad, “la Fiscalía General del Estado envió al fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas, para mediar en el conflicto”, se subrayó.
Por Juan José García Amaro.
La Fiscalía General del Estado (FGE) instruyó al fiscal de Distrito Zona Noroeste, Alejandro Vargas Salas, para sofocar un choque entre la comunidad menonita y la Fiscalía General de la República (FGR), la cual detuvo por ‘huachicoleo’ a uno de los miembros del grupo religioso y al que presuntamente le habían exigido 500 mil pesos.
Los hechos se registraron este viernes en la comunidad El Capulín, cercana a Nuevo Casas Grandes, donde un operativo de la FGR generó tensiones con los pobladores, al asegurar un predio que contenía dos cisternas de combustible utilizado para maquinaria agrícola, por lo que la FGE intervino para mediar en el conflicto a través del fiscal Alejandro Vargas.
“Con lo anterior, se evitó que la desavenencia escalara y volviera la tranquilidad a la comunidad, quedando además detenido y posteriormente liberado bajo reservas de ley, el chófer de un tracto camión cisterna.
“El conflicto se derivó, luego de que con apoyo de elementos de la SEDENA, personal de la FGR resguardaron el predio, mientras un operador de PEMEX extraía hidrocarburo almacenado ahí por la comunidad. En respuesta, los menonitas bloquearon los accesos con maquinaria pesada, dejando incomunicadas a las autoridades”, se indicó.
Ante la creciente hostilidad, “la Fiscalía General del Estado envió al fiscal de la Zona Noroeste, Alejandro Vargas, para mediar en el conflicto”, se subrayó.
La representación social estatal, señaló que cuando las negociaciones parecían avanzar, la situación escaló debido a un intento de fuga por parte del operador de PEMEX, quien intentó retirarse con un camión cisterna cargado con aproximadamente 15,000 litros de combustible, pero fue interceptado por los manifestantes.
Finalmente, mediante la oportuna intervención y tras varias horas de diálogo, se logró que llegaran a un acuerdo; se devolvió el combustible a los pobladores y el operador de PEMEX fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, la FGR continúa las indagatorias que derivaron en el conflicto. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en la mediación de conflictos para preservar la paz y la seguridad de los chihuahuenses, indicó la FGE.
En el marco de este conflicto, un grupo de manifestantes, se presentó en la Sub-Sede de la FGR en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para exigir la devolución de una serie de bienes que aseguraron elementos federales en la vivienda ubicada en la comunidad El Capulín.
Entre los bienes que se reclamaron, destaca fajos de dinero en efectivo, cámaras de vigilancia, una camioneta pickup y otros artículos, que, de acuerdo a los inconformes, son ajenos a las indagatorias que se iniciaron, tras la detención de Johan Nikel.
Durante la protesta, integrantes de la comunidad menonita, exigió la destitución del comandante de la FGR, Alfredo Cruz Pérez, quien fue señalado de cometer una serie de atropellos en contra de los pobladores de esta región, “donde ha generado un clima de tensión y desconfianza hacia las autoridades federales”, apuntaron.
“No estamos en contra de los operativos, pero deben hacerse correctamente y sin afectar a personas inocentes”, se resaltó en esta manifestación.
Como partes de estas protestas, este viernes, un grupo de menonitas, encabezados por Julián LeBaron, protestaron en el puente internacional “Libre”, para exigir la destitución del citado comandante federal, Alfredo Cruz Pérez, quien, dijeron, “desde hace meses ha exigido sumas de los 500 a los 800 mil pesos a miembros de nuestra comunidad”.
El activista y líder de la comunidad, Julián LeBarón, dijo que el pasado martes, un grupo de agentes federales detuvo de manera arbitraria a Johan Nikel Martens por presuntos delitos de huachicoleo. “Y como no les entregó los 500 mil pesos que le exigieron, lo arrestaron”.
“Los agentes le habían tomado fotografías cuando él vendía el combustible a otros productores. Tenía efectivamente una pipa con 17 mil 500 litros que él había comprado legalmente y lo demostró con facturas, y aun así lo arrestaron”, acusó LeBarón.