La detección de empresas “fantasma” se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO
En 2023, el penúltimo año del gobierno de López Obrador, el SAT sumó a su lista negra a 47 empresas “fantasma”. Esa cifra representa una caída del 98% respecto a las más de 3 mil nuevas factureras que fueron detectadas en 2018, en el último año del anterior sexenio. MCCI ha documentado que compañías de ese tipo, que simulan operaciones para evadir impuestos o para desviar fondos públicos, se han utilizado en la actual administración federal en casos emblemáticos de corrupción como el de Segalmex.
Por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad: Eduardo Buendía
Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ocurrido una continua caída en la sanción a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas “fantasma”.
Aunque está demostrado que este esquema se utiliza para evadir impuestos, lavar dinero o desviar recursos públicos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica cada vez a menos EFOS, como se muestra en la gráfica anexa.
En 2018, que corresponde al último año del anterior sexenio, el SAT incluyó en su lista negra definitiva a 3 mil 016 contribuyentes ficticios, también conocidos como “factureros”. Para 2019, que fue el primer año del gobierno de López Obrador, la autoridad fiscal enlistó a otras 1,940 empresas “fantasma” y en los años siguientes la cifra de nuevas EFOS siguió bajando hasta sumar apenas 47 en 2023, de acuerdo con información oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el listado definitivo del SAT.
La detección de este tipo de compañías se redujo 98% si se compara la cifra de 2023 frente a la registrada en 2018, que fue el año con más casos reportados desde que el SAT incluyó la figura de EFOS al marco fiscal.
En contraste, el número de empresas catalogadas como “presuntas” fantasma tuvo un repunte a comparación del último gobierno priista.
Las cifras del SAT muestran que de 2019 a 2023 se incluyeron a la lista de presuntas 127 compañías que realizan malas prácticas con sus comprobantes fiscales. Por su parte, en el periodo 2014-2018 la cifra fue de 70.
Un amigo del hijo del Presidente al frente del SAT
Desde octubre de 2022 Antonio Martínez Dagnino es el titular del SAT; el licenciado y maestro en Finanzas por la UNAM es uno de los amigos de los hijos del presidente AMLO que ocupan cargos federales. De acuerdo con versiones periodísticas, es amigo de Gonzalo López Beltrán, a quien conoció en la universidad.
Al frente de la Auditoría Fiscal Federal, oficina que forma parte del SAT, se encuentra Rosalinda López Hernández, cónyuge de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y hermana de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación. Rosalinda actualmente compite como precandidata al Senado por Morena para las próximas elecciones federales de junio.
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, es amigo de Gonzalo López Beltrán, hijo del Presidente.
Para el ejercicio fiscal de 2014 se incorporó el artículo 69-B en el Código Fiscal de la Federación con el objetivo de que el SAT investigara y sancionara a los emisores de facturas falsas. De acuerdo con esta autoridad, las EFOS son aquellas que se encuentran legalmente constituidas que no cuentan con la infraestructura para producir los bienes o servicios y emiten sus comprobantes con el objetivo de evadir o eludir la ley.
En octubre de 2022, Félix Arturo Medina Padilla, entonces titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, aseguró que la disminución en la detección de EFOS se dio por el endurecimiento de los mecanismos fiscales enfocados a castigar la facturación falsa y la defraudación, promovidos en las reformas de 2019.
Los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso impulsaron que la defraudación fiscal y el tráfico de facturas falsas fueran considerados delitos de delincuencia organizada, para que ameritaran prisión preventiva oficiosa. En las negociaciones, Mario Delgado, entonces líder del partido guinda en la Cámara de Diputados, afirmó que estas operaciones implicaban un quebranto a la Hacienda de 250 mil millones de pesos por año.
En investigaciones periodísticas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado casos de empresas con características de ser EFOS, las cuales no han sido incluidas en los listados de empresas fantasma “definitivas” o de “presuntas”, como las cataloga el propio SAT. Algunas de esas sociedades que no han sido catalogadas como fantasma participaron en el esquema de corrupción de Segalmex.
Red simuladora en Segalmex
Compañías que formaron parte del esquema de corrupción en Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, el cual implicó un quebranto al erario de 15 mil millones de pesos, siguen sin ser catalogadas como EFOS por el SAT a pesar de que desde 2020 se exhibieron los casos.
En julio de 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que una red de seis sociedades recibieron contratos irregulares vía adjudicación directa por 797 millones de pesos entre 2019 y 2020. Lo anterior ocurrió cuando René Gavira Segreste era director de Administración y Finanzas, y que hoy se encuentra en prisión preventiva imputado por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones, entre otros delitos.
Dicho entramado estuvo conformado por las compañías Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Fruverloz, Properloz, Denoter y Gentsai Hoon, las cuales fueron contratadas por Segalmex para proveerle de costales, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas. Sin embargo, estas entidades incumplieron con la entrega de los bienes acordados.
La forma de vida de representantes y accionistas consultados por MCCI contrastó con los cientos de millones de pesos que fueron pagados a empresas de las que eran dueños. Algunas de ellas compartían socios con otras empresas ‘fantasma’ involucradas en irregularidades por contratos con el ISSSTE y la Sedatu.
Pese a operar con características de sociedades fantasma, ninguna de estas seis empresas aparece en la lista negra del SAT: ni como presuntas ni como definitivas. En contraste, la autoridad fiscal solo incluyó a Denoter y Gentsai Hoon en el listado de empresas con adeudos fiscales firmes.
La ruta de los ‘moches’
A Alma Karina Cruz Íñiguez le robaron la identidad y la utilizaron para fundar Film & Marketing 18k. Las cuentas bancarias de dicha compañía fueron utilizadas por funcionarios de Diconsa para que proveedores de esa dependencia depositaran “moches” del 3% de la cantidad que recibieron por contratos.
Al visitar el domicilio de Cruz Íñiguez, ubicado en San Martín de las Flores (una de las colonias más marginadas de Guadalajara, Jalisco), MCCI constató que en la creación de la empresa se falsificaron los datos y después se consumó el traspaso de los recursos.
“Hace tres meses vinieron de la Fiscalía de Jalisco para enterarme de un fraude millonario, del cual me preguntaron si tenía conocimiento y quedaron de venir para traerme un citatorio para ir a declarar”, mencionó Alma, quien aparece en los registros como accionista y administradora única.
La empresa creada con al menos una identidad falsa tampoco se encuentra observada por el SAT, aun cuando el caso se difundió desde diciembre de 2022.
Film & Marketing 18k fue una sociedad involucrada en un esquema de desvío de recursos, ya que dentro del Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar de Diconsa se establece que la entidad pública debe cobrar a los proveedores hasta el 3% por cada compra facturada. Los recursos deben destinarse al mejoramiento de tiendas rurales o para adquirir vehículos para la institución, sin embargo, ese dinero terminó en las cuentas bancarias de la empresa ‘fantasma’.
Las toneladas de azúcar que nunca llegaron
Al igual que Film & Marketing 18k, Servicios Integrales Carregin que recibió un convenio de Diconsa por 465 millones de pesos para proveerle de 25 mil toneladas de azúcar fue constituida con identidades falsas. Daffne Pomar Colín, una ama de casa que aseguró no tener dinero ni para liquidar un adeudo de 3 mil pesos en una tienda, fue utilizada para crear la empresa.
De la misma forma, Jorge Saúl Romero Valencia, otro supuesto dueño de Carregin que vive en una propiedad que renta en una colonia popular de Ixtapaluca, Estado de México, fue incluido como accionista sin que él lo supiera.
Además de las irregularidades en su fundación, Servicios Integrales Carregin incumplió con la entrega de la azúcar acordada en el convenio. El 23 de abril de 2020 se concretó el contrato con la Dirección Comercial de Diconsa, encabezada entonces por Manuel Lozano Jiménez.
A las tres semanas de firmar el acuerdo, la proveedora pidió a la dependencia cancelar la mayoría de los pedidos por las dificultades logísticas provocadas por la contingencia sanitaria del COVID-19. Con esa petición, la empresa se comprometió a entregar solo 7,800 toneladas -de las 25 mil pactadas originalmente- por un monto de 145 millones de pesos.
Diconsa depositó el total de la nueva cantidad monetaria, pero la empresa solo entregó 3,110 toneladas, quedando en el limbo la entrega de las 4,700 toneladas restantes. Pese a que la dependencia exigió la devolución de 88 millones de pesos por el azúcar faltante, la compañía fantasma solo devolvió 8 millones. Carregin es otro caso que no figura en el listado de EFOS del SAT.
En la trama de la Estafa Maestra
Terrenos, Casas y Desempeños es una empresa que fue utilizada para dispersar fondos públicos federales. Formó parte de La Estafa Maestra, una trama de corrupción con la que se desvió dinero de universidades públicas, y en la Estafa Verde, un mecanismo en donde el gobierno chiapaneco de Manuel Velasco pagó más de 150 millones de pesos en contratos en 2015. En 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había documentado en 2019 que la compañía en la que figura como accionista un compravotos del Partido Verde recibió sumas millonarias por parte de otras empresas para desviar el dinero como parte de la Estafa Maestra, sigue sin aparecer en el listado de empresas ‘fantasma’ del SAT.