La CNPJ exhorta a la SCJN respetar la Constitución y conservar la prisión preventiva oficiosa

Por Juan José García Amaro.

En el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como procuradores y fiscales estatales del país, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respetar la Constitución, y con ello, conservar la prisión preventiva oficiosa, pues de lo contrario, más de 60 mil personas sujetas a procesos judiciales por delitos graves saldrán en libertad.

Durante el evento que se llevó a cabo el pasado 21 de junio, los fiscales dejaron en claro que al mantener la prisión preventiva se resguarda la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por lo que en sentido contrario, insistieron, se mermará la autonomía del Estado mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país.

“En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), compuesta por las y los Fiscales Generales de Justicia de los Estados, así como Procuradores (as), y el Fiscal General de la República…

“Se determinó por unanimidad, que debe  preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en  su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”, precisaron.

Mediante un comunicado que emitió la FGR, se puntualizó que resolver en contra de la Constitución, se permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal.

“Implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso; es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo cual, se cuenta con un gran número de casos”, se apuntó.

Finalmente, los miembros de la CNPJ concluyeron que es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados.

Cabe destacar que el pasado 16 de abril, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, manifestó su preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda dejar inaplicable la prisión preventiva, pues se permitirá la liberación de más de 68 mil presuntos delincuentes.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa permite que un presunto delincuente enfrente su proceso sin riesgo de fuga y salvaguardando la seguridad de las víctimas, por lo que eliminar la prisión preventiva, la cual está regulada en el Artículo 19 de la Constitución, implicará la liberación de 68,000 presuntos delincuentes, reiteró.

“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicable la prisión preventiva de oficio; esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos…

“Que como sabemos es una instancia judicial internacional que pertenece a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, resaltó.

Alcalde Luján, reiteró que si la Corte de la Nación deja inaplicable la prisión preventiva, la cual permite que un presunto delincuente enfrente un proceso en prisión sin riesgo de fuga y salvaguardando la seguridad de víctimas y testigos, se estará excediendo.

“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa. Se dejarán a 68 mil presuntos delincuentes en libertad, entre ellos: 1,640 acusados de homicidio.

Además, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 acusados de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, y 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores.