Alcaldesa de NCG vendía terrenos municipales para su provecho personal.

Por Juan José García Amaro.

Mediante un operativo “estratégico y quirúrgico”, fue detenida la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos Delgado, por el delito de peculado agravado, ya que “sin la autorización del Cabildo”, vendió seis predios municipales, informó el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín.

Por el mismo delito, también fue vinculada la secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivon Hernández Parra, pues junto con otros empleados del municipio, participaron en estos hechos de corrupción, entro otros delitos, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

“Se solicitó una orden de aprehensión por esta Fiscalía Anticorrupción, misma que fue obsequiada por una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en contra de la presidenta municipal C. M. C. D. así como en contra de la ex secretaria del Ayuntamiento S. I. H. P., prófuga de la justicia.

“Se capturó a la primera de las hoy imputadas, en un operativo estratégico y quirúrgico en su ejecución, por la limpieza del mismo; toda vez que se llevó a cabo sin ningún contratiempo en aquella región de Nuevo Casas Grandes, y respetando en todo momento los derechos humanos de la persona detenida”, apuntó.

Detalló que las órdenes de aprehensión se derivaron de la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE), y en la que se refirió que la alcaldesa suscribió bajo contrato de compra y venta, un Título de Propiedad de un terreno de 342.34 metros cuadrados, propiedad del Municipio, sin antes desincorporarlo del régimen de dominio público municipal.

Al incurrir la funcionaria presumiblemente en el delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, del análisis e investigación de los hechos denunciados, esta representación social, consideró reclasificar el delito a peculado agravado, apuntó el titular de la FAE.

“Este Órgano investigador y persecutor del delito por hechos de corrupción, llevó a cabo una investigación científica, técnica y profesional, respetando los principios esenciales y reguladores del procedimiento penal, encontrando que de los hechos atribuidos a las ahora imputadas, se presume, pueden derivar en la comisión de delitos de mayor penalidad y gravedad, como lo es el peculado agravado en forma reiterada.

“Al haberse demostrado la venta irregular de cuando menos seis bienes inmuebles, ya que, por un lado, no se autorizó por parte del Ayuntamiento de este municipio la desincorporación de esos bienes y por el otro, el dinero obtenido por la venta de dichos predios, tampoco ingresó a las arcas municipales, conforme se realizó la venta”, destacó.

Valenzuela resaltó que para la FAE fue de suma importancia la colaboración valiente de los funcionarios que como “patriotas” denunciaron las irregularidades como lo fueron la Síndica, regidores, así como ciudadanos comprometidos con la sociedad, de quienes se lograron recabar datos para comprobar las transacciones irregulares.

Más adelante dijo que por este delito, se impondrá prisión de cuatro a 12 años y de 500 a 2 mil días de multa, cuando el monto o valor exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida. Tal es el caso que nos ocupa, ya que se encontró que el importe del daño producido al Ayuntamiento asciende a los 2 millones 198 mil 52 pesos.

En cuanto al resto de los negocios fraudulentos que realizaron ambas funcionarias, se detalló que en diversas fechas realizaron, sin la autorización del Ayuntamiento, una serie de enajenaciones irregulares, disponiendo por un lado de los inmuebles en cuestión, y por el otro, “no existe evidencia que el dinero obtenido como producto de tales ventas, hubiere ingresado a la hacienda municipal”, subrayó Valenzuela Holguín.

Además, el titular de la FAE, consideró que existe riesgo latente de que la hoy imputada, “por las relaciones que ostenta”, pongan en riesgo el desarrollo de la investigación, y en peligro a las personas, cuyo testimonio, sirvió para judicializar la carpeta y que el Órgano Jurisdiccional obsequiara la orden de aprehensión.

Afirmó que la Fiscalía Anticorrupción tiene diversas carpetas de investigación, en las cuales, a las ahora imputadas, se les atribuyen la presumible comisión de diversos delitos, relacionados con la disposición y distracción de recursos públicos municipales, es decir, encuadrando todas en conductas típicas de delito de corrupción.

“Es importante puntualizar que las personas señaladas han promovido una serie de amparos conocidos como buscadores, en donde señalaban como acto reclamado la existencia de una Orden de Aprehensión en su contra, apareciendo como sus autorizados los licenciados Ulises Soteno Torres y Francisco Fabián García García.

“En su momento, se desempeñaron, el primero como Vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y por ende como “fiscal”; el segundo, como Director Jurídico y de Extinción de Domino de esta Fiscalía, por lo cual, la conducta estos ex servidores públicos resulta inadmisible, sospechoso y una evidente carencia de ética profesional”, concluyó.