Aumenta la violencia contra periodistas durante el sexenio de AMLO

El Cristalazo.

En México, la violencia contra periodistas ha escalado preocupantemente durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según revela un informe detallado de ARTICLE 19. Desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2024, se documentaron un total de 2,813 agresiones contra la prensa en todo el país, marcando un aumento significativo en comparación con años anteriores. Este fenómeno refleja un entorno cada vez más hostil para los periodistas, quienes enfrentan riesgos constantes mientras realizan su labor informativa en diversas regiones mexicanas.

Guerrero se destaca como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, con 247 agresiones registradas durante el periodo analizado. Esta cifra alarmante abarca una variedad de violencias que van desde intimidaciones y amenazas hasta ataques físicos y detenciones arbitrarias. Los periodistas locales enfrentan riesgos graves tanto de autoridades gubernamentales como de grupos del crimen organizado, que buscan silenciar la cobertura crítica y controlar la narrativa pública. Esta situación ha llevado a un clima de miedo generalizado entre los medios de comunicación locales, afectando gravemente la libertad de expresión en la región.

En Puebla, el panorama no es menos preocupante. Durante el sexenio de AMLO, se ha observado un aumento masivo en el hostigamiento y la intimidación dirigida a periodistas, exacerbada por una creciente colaboración entre autoridades locales y grupos criminales. Este entorno ha generado un bloqueo informativo significativo y una estigmatización particularmente hacia las mujeres periodistas, quienes enfrentan un lenguaje discriminatorio y sexista que busca desacreditar su trabajo y desalentar su labor crítica. La violencia de género contra las mujeres periodistas ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento de agresiones que supera la media nacional, según lo documentado por ARTICLE 19.

Quintana Roo ha experimentado un aumento constante en las agresiones contra la prensa desde 2017, marcado por un incremento del 500% en comparación con años anteriores. Este estado se ha convertido en un foco rojo para la libertad de expresión debido a las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, quienes ven en los periodistas una amenaza potencial a sus intereses. Las tácticas de intimidación, las amenazas de muerte y los ataques físicos son comunes, creando un clima de temor y autocensura entre los medios de comunicación locales. La falta de protección efectiva por parte del Estado ha permitido que estas agresiones continúen sin consecuencias legales significativas para los perpetradores.

Veracruz sigue siendo uno de los estados con mayores niveles de impunidad en México, con un alarmante 94.1% de impunidad en los delitos, según México Evalúa. Durante el sexenio de AMLO, se han registrado 199 agresiones contra periodistas, reflejando un patrón de intimidación, hostigamiento y ataques físicos perpetrados principalmente por autoridades gubernamentales y, en menor medida, por grupos del crimen organizado. La falta de justicia y la impunidad prevaleciente han creado un clima de vulnerabilidad extrema para los periodistas, quienes continúan enfrentando riesgos significativos para su seguridad personal y profesional.

Las prácticas de estigmatización y desacreditación desde las más altas esferas del gobierno han exacerbado la vulnerabilidad de los periodistas en México. Reyna Haydee Ramírez, una periodista independiente que cubre la fuente presidencial, ha descrito cómo las campañas de desprestigio y la estigmatización desde las conferencias matutinas han tenido un impacto directo en su seguridad personal y profesional. Ramírez señala que las menciones negativas del presidente durante estas conferencias sirven como una señal para que sus seguidores en redes sociales inicien campañas de hostigamiento digital, lo cual ha resultado en múltiples episodios de ataques virtuales dirigidos hacia su persona.

Durante el sexenio de López Obrador, ARTICLE 19 ha registrado un aumento significativo en las agresiones y campañas de desprestigio dirigidas desde las altas esferas del gobierno. Este fenómeno ha contribuido a un clima de autocensura y temor entre los periodistas mexicanos, quienes enfrentan no solo la violencia física, sino también la intimidación digital y la estigmatización pública como consecuencia de su labor informativa crítica.

Otro mecanismo de control hacia la prensa que tuvo un incremento importante durante este sexenio fue el hostigamiento judicial. Tan sólo en el primer año de transición de gobierno, es decir, de 2018 a 2019, este tipo de agresión creció en un 55.5%. A lo largo de este sexenio, ARTICLE 19 documentó 158 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, ya sea por vía civil, penal, administrativa o por legislación electoral. Esto equivale a un promedio mensual de 2.4 procesos iniciados contra periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones o investigaciones.

Con 102 casos (64.56%), las autoridades fueron quienes más procesos iniciaron contra periodistas. Esto se debe a varios factores, incluyendo el protagonismo de las investigaciones periodísticas por corrupción que afectan a las autoridades, así como su capacidad económica para iniciar procesos prolongados sin repercusiones económicas significativas y la capacidad para influir en el sistema judicial a su favor, especialmente a nivel local donde la independencia judicial es limitada.

Un ejemplo destacado de este tipo de hostigamiento se observa en el caso de Carolina Fernández Galindo, directora general del diario El Popular, quien enfrentó múltiples actos de hostigamiento, intimidación y amenazas desde la llegada del nuevo gobierno de Miguel Barbosa Huerta en 2019. Entre las acciones en su contra se incluye el retiro del contrato de publicidad con el gobierno en turno, demandas por daño moral y la intimidación directa como la amenaza de una investigación por lavado de dinero. A pesar de estas presiones, El Popular mantuvo una línea editorial independiente, lo cual resultó en continuas agresiones y la eventual decisión de detener la versión impresa del medio y despedir a 55 trabajadores.

Carolina Fernández relata cómo la denuncia por lavado de dinero tuvo consecuencias devastadoras para ella y su familia, incluyendo el impacto económico por los costos legales, el estrés psicológico por la incertidumbre de ser arrestada en cualquier momento, y el daño a su reputación personal y profesional. Aunque la denuncia penal fue archivada tras el cambio de gobierno, el caso subraya el uso del poder público para evadir el escrutinio y silenciar la crítica, así como la vulnerabilidad del periodismo independiente frente a abusos judiciales.

Este tipo de hostigamiento no solo afecta a los individuos involucrados, sino que debilita la capacidad de la prensa para informar libremente y socava el debate público necesario para una democracia saludable.

El informe de ARTICLE 19 subraya la urgente necesidad de proteger la libertad de expresión y garantizar la seguridad de los periodistas en México. La escalada de violencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador revela profundas deficiencias en las instituciones encargadas de proteger a los profesionales de los medios de comunicación. La falta de investigaciones efectivas y sanciones contra los perpetradores de violencia ha perpetuado un clima de miedo y censura, afectando negativamente el ejercicio del periodismo libre y crítico en el país. Para abordar este grave problema, es crucial que el gobierno federal y las autoridades locales implementen políticas efectivas para proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico. Esto incluye fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos y promover una cultura de respeto a la libertad de expresión en todos los niveles de la sociedad mexicana. Solo así se podrá construir un país donde los periodistas puedan realizar su trabajo de manera segura, sin temor a represalias ni violencia.