Condenan en Estados Unidos a más de 38 años de cárcel a Genaro García Luna

Por Juan José García Amaro.

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), fue condenado por el juez federal, Brian M. Cogan, a 420 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares, por su ayuda al Cártel de Sinaloa por más de una década a cambio de millones de dólares en sobornos.

Tras un juicio de cuatro semanas en febrero de 2023, García Luna fue declarado por un jurado culpable de participar en una organización criminal, en la conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína, y hacer declaraciones falsas.

Breon Peace, fiscal para el Distrito Este de Nueva York; Anne Milgram, administradora de la Agencia Antidroga (DEA), y Katrina W. Berger, directora Ejecutiva Asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), anunciaron el veredicto.

“La sentencia es un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí (EUA) y en México.

“Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”, declaró el fiscal Peace. “Tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe de estar: en una prisión federal”, dijo.

Por su parte, la titular de la DEA, Anne Milgram, subrayó que esta sentencia envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo. “García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que millones de kilogramos de cocaína inundaran las calles de Estados Unidos…

“En lugar de proteger a los ciudadanos de México, García Luna protegía a los cárteles de la droga. La DEA seguirá persiguiendo implacablemente a las organizaciones de narcotraficantes y a quienes las protejan”, advirtió.

En su turno, Katrina W. Berger, directora Ejecutiva Asociada de HSI, reiteró que dicha sentencia envía un poderoso mensaje de que nadie está por encima de la ley. “HSI continúa con su compromiso conjunto de desarticular y desmantelar las redes delictivas responsables de introducir narcóticos mortales en Estados Unidos”, apuntó.

Como se demostró en el juicio, de 2006 a 2012, García Luna fue el máximo responsable de la aplicación de la ley en México, ocupando el cargo de Secretario de Seguridad Pública y, como tal, controlaba la Policía Federal. Anteriormente, de 2001 a 2005, el acusado fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México.

En la audiencia, se destacó que el acusado utilizó sus cargos “para ayudar al violento Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”. Las actividades de García Luna incluían facilitar el paso seguro de los cargamentos de droga, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de seguridad y sus investigaciones del Cártel.

Así como ayudar al cártel a atacar a otros cárteles de droga rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos: “La Policía Federal del acusado actuaba como guardaespaldas y escolta del cártel.

“Permitiendo a los miembros llevar uniformes e insignias policiales y ayudando a descargar los cargamentos de cocaína de los aviones en el aeropuerto de Ciudad de México, para después entregar la cocaína al Cártel de Sinaloa”, se indicó.

Asimismo, se dio a conocer que al acusado se le pagó en moneda estadounidense, metida en varias maletas, portafolios, y bolsas de lona. Las cantidades de los sobornos aumentaron a lo largo de los años a medida que el cártel de Sinaloa crecía en tamaño y poder gracias a la ayuda del acusado.

Antiguos miembros del cártel testificaron que el dinero de los sobornos se le entregaba al acusado en diversos lugares, como en una “casa segura” situada en la Ciudad de México, donde se ocultaban grandes cantidades de dinero en efectivo en una pared falsa, en un lavadero de coches de Guadalajara, y en un restaurante francés de CdMx situado frente a la embajada de Estados Unidos.

Además, a cambio de los millones de dólares en sobornos, la Policía Federal que el demandado lideraba filtró información confidencial que permitió al Cártel eludir la detección por parte de las fuerzas de seguridad, o utilizar dicha información en ataques contra traficantes rivales.

Finalmente, después de mudarse a Estados Unidos en 2012, García Luna presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre su conducta criminal pasada en nombre del Cártel en un intento por convertirse en ciudadano estadounidense.

En relación con los procedimientos posteriores al juicio, el Tribunal también determinó que, mientras esperaba la sentencia, García Luna obstruyó la justicia cuando intentó sobornar a otros reclusos para que prestaran falso testimonio en un intento de anular el veredicto del jurado.