Condenan en EU a miembro de cártel mexicano por tráfico de metanfetamina de alta pureza

Por Juan José García Amaro.

En Norfolk, Virginia, fue sentenciado a 12 años de cárcel, Víctor Hugo Hinojosa Elizondo, de 55 años de edad, por conspirar para distribuir metanfetamina de alta pureza, mientras administraba una organización de narcotráfico de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El anuncio de esta sentencia que fue aplicada por el juez federal de Distrito, Jamar Walker, fue realizada de manera conjunta por Jessica D. Aber, fiscal federal para el Distrito Este de Virginia; Ramin Fatehi, fiscal de la Mancomunidad de Norfolk; Jarod Forget, agente especial a cargo de la División de Washington de la Administración de Control de Drogas.

Además, Damon E. Wood, inspector a cargo de la División de Washington del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, y Mark Talbot, jefe de la Policía de Norfolk.

Informaron que este sujeto entre 2016 y 2018, administró la organización internacional, la cual es responsable de distribuir más de 40 libras de metanfetamina de alta pureza fabricada en México, en Los Ángeles, California; Providence, Rhode Island, y Norfolk.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, detalló que la organización con sede en Sinaloa es responsable de la fabricación, importación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina de alta pureza utilizando mensajeros, mientras simultáneamente concretaba operaciones internacionales en Estados Unidos desde México.

Se añadió que en el marco de estas investigaciones, Hinojosa-Elizondo y otro sujeto, identificado como Luis Enrique Soto-Ferro, de 47 años de edad, fueron extraditados desde México a Estados Unidos el año pasado tras un extenso proceso de extradición.

Posteriormente, Soto-Ferro fue condenado en Norfolk el mes pasado a 15 años de cárcel por conspirar para distribuir metanfetaminas mientras vivía en México y actuaba como líder de la organización.

El Tribunal de Distrito de Norfolk también condenó a dos mensajeros de la organización, Irana Camargo Lugue, de 38 años de edad, a 10 años de cárcel, y Jorge Alberto Pérez Miramontes, de 41 años de edad, a 11 años de cárcel.

Asimismo se informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con el Gobierno de México para concretar los arrestos y las extradiciones en este caso.

“Este esfuerzo forma parte de una operación de los Grupos Operativos contra las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF). El OCDETF identifica, intercepta y desarticula a las organizaciones delictivas de más alto perfil que amenazan a Estados Unidos empleando una estrategia dirigida por fiscales, basada en datos de inteligencia y con la intervención de múltiples organismos”, se resaltó.

Cinco acusados por presunto tráfico de armas de fuego y conspiración con fines de lavado de dinero

El fiscal federal Michael Easley anunció que se presentaron cargos de conspiración, lavado de dinero, tráfico de armas de fuego, compra nominal y declaraciones falsas a comerciantes de armas de fuego, contra cinco personas que presuntamente conspiraron para la compra de armas de fuego en Carolina del Norte para cruzarlas de contrabando a México.

“Hasta la fecha, se han incautado 17 armas de fuego, en su mayoría fusiles AK-47. Cuatro de las cinco personas se encuentran bajo custodia de las autoridades luego de que un jurado de acusación federal dictara su procesamiento a finales del mes pasado.

“La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras nos permite investigar y procesar penalmente el tráfico de armas y las redes de compras nominales que propician el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, y que a menudo incitan la violencia de los cárteles en ese país y facilitan la crisis de fentanilo aquí en nuestra nación”, dijo el fiscal.

En la acusación formal se involucra a: Cortney Highsmith, de 43 años de edad; Luis Martínez,  de 29 años; Roberto Martínez, de 23 años; Gilberto Hernández, de 28 años, y

Steven Martínez, de 26 años de edad. Dichas personas pueden ser condenadas de 15 a 20 años de cárcel por los delitos antes citados.

En la acusación formal se alega que Highsmith y Steven Martínez compraron múltiples armas de fuego con licencia federal entre el 27 de enero de 2023 y el 7 de febrero de 2023, y certificaron que eran el “comprador/beneficiario real”, pero más tarde transfirieron las armas a Luis Martínez, quién no tiene ciudadanía legal del país y, por lo tanto, tiene prohibido poseer armas de fuego. Se alega que Luis Martínez conspiró luego con Roberto Martínez, Highsmith y Hernández para transportar las armas a México.

Las armas de fuego fueron interceptadas por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 19 de febrero de 2023, en el puerto de ingreso en Del Rio, Texas. El vehículo en el que se transportaban las armas se dirigía a Durango, México.