septiembre 20, 2024

Congreso aprueba la “Ley 3 de 3” y Chihuahua se suma a la lucha para erradicar la violencia contra la mujer.

“Con esta iniciativa conocida como Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, damos un paso significativo a la tan anhelada igualdad sustantiva", dijo la diputada Rosana Díaz.

Por Juan José García Amaro.

Chihuahua se sumó a las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, luego de que el Congreso del Estado, aprobó la “Ley 3 de 3” que fue enviada por la Cámara Alta, para suspender los derechos para ocupar un cargo público a quienes atenten contra la mujer.

Además, de igual forma se aprobó reducir la edad mínima para diputado o diputada y para secretario de Estado, por lo que ahora, será de 21 a 18 años cumplidos al día de la elección y de 30 a 25 años, para formar parte del Gabinete presidencial, respectivamente.

En lo relativo a la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, será por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal, y para persona deudora alimentaria morosa.

La diputada Adriana Terrazas Porras, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, refirió que las adecuaciones de la llamada “Ley 3 de 3”, se realizan dado a que la honorabilidad de las personas debe ser un elemento primordial en quienes formen parte del servicio público y con la finalidad de otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género, así como para otorgar certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de personas agresoras.

En este sentido, explicó que la minuta señala una adición de una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida…

“Y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”, detalló.

En la minuta presentada por la diputada Jael Argüelles Díaz, se estableció como edad mínima para diputado, 18 años cumplidos al día de la elección, esto último, se plantea en el artículo 55 de la Carta Magna de México y para ser Secretario de Estado, se deberá tener como mínimo, 25 años, para ello se reformó el artículo 91 del mandato referido.

Previamente, se recordó que para que la Constitución pueda ser adicionada o reformada, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México.

Luego de que el Congreso de Chihuahua aprobara “la Ley 3 de 3”, la diputada,

Rosana Díaz Reyes, dijo que hoy se celebra el avance significativo en la lucha por los derechos de las mujeres: “con esta iniciativa conocida como Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, damos un paso significativo a la tan anhelada igualdad sustantiva.

“Para una servidora, para nuestro partido y para la Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado. Con estas acciones afirmativas vamos dando la batalla para disminuir esa brecha de desigualdad que aún persiste entre mujeres y hombres”, destacó.

La juarense, al reconocer a las mujeres, colectivos feministas de Chihuahua y de todo el país, a las y los legisladores, a las y los Senadores, que llevaron a buen puerto esta iniciativa promovida desde la sociedad civil, dijo que a partir de hoy, se garantiza a las mujeres víctimas de violencia que sus agresores no podrán ser sujetos a ningún proceso de elección ni a ocupar un cargo dentro de la administración pública.

“Que se escuche claro y fuerte, todo aquel que haya ejercido violencia política o sexual contra las mujeres, o sea un deudor alimentario perderán el derecho a ocupar cargos públicos o ser postulados a cargos de elección popular”, concluyó.

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