septiembre 20, 2024

Embajador celebra sentencia a capo que utilizó a su hijo en tráfico de fentanilo en Estados Unidos

En su reciente visita a la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, el embajador y altos funcionarios de su Gobierno, saluda a oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) adscritos al puente Santa Fe.

Por Juan José García Amaro.

El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la sentencia que se le dictó por 10 años y un mes al cabecilla de un cártel mexicano que utilizó a su propio hijo en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y mariguana, en Saint George, Utah.

“Gracias a las investigaciones de agencias estadounidenses a través de la Operación Sour Cream (crema agria) fue posible desarmar sus sofisticadas y redituables operaciones, en las que involucró a miembros jóvenes de la comunidad, incluido su propio hijo adolescente”, dijo el diplomático.

Con esta sentencia que se le dictó al capo Ángel Rubio-Quintana, de 42 años de edad, quien fue juzgado también por el delito lavado de dinero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos manda un mensaje del Gobierno de los Estados Unidos para desarticular a las organizaciones criminales trasnacionales.

“Quienes buscan envenenar a nuestras comunidades con el flagelo de las drogas enfrentarán el peso de la ley. Esta persona estuvo involucrada en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema agria, además, estuvo vinculado con el tráfico ilegal de miles de píldoras de fentanilo”, apuntó Salazar.

Destacó que el hecho de involucrar a jóvenes en sus actividades ilícitas subraya que la codicia de los cárteles no conoce límites, por lo que esta sentencia y la desarticulación de sus operaciones contribuye directamente al bienestar y la seguridad de la gente en los Estados Unidos y en México.

“Con una perspectiva integral que involucra al Gobierno de los Estados Unidos, continuaremos haciendo un frente común con México para proteger a nuestras naciones del flagelo de las drogas sintéticas y sus precursores.

“La visita a México de la delegación encabezada por la asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood-Randall, la cuarta que ella realiza, reafirma este compromiso compartido para proteger la salud de nuestros pueblos y trabajar juntos en nuestra seguridad”, indicó.

Con respecto a este sujeto, las autoridades federales señalaron que Ángel Rubio-Quintana, residente en Saint George, Utah, fue descubierto por los agentes en marzo de 2020, tras enterarse de que en esa localidad, un individuo estaba recibiendo grandes cantidades de metanfetamina de un cártel mexicano.

Durante la extensa investigación “Operación Crema Agria”, los agentes se enteraron de que Rubio-Quintana dirigía los esfuerzos de la organización para importar y distribuir drogas desde México. Entre octubre de 2021 y febrero de 2022, los agentes interceptaron más de 200 llamadas telefónicas en las que negociaba precios y cantidades de droga con sus proveedores mexicanos.

“Los agentes llevaron a cabo al menos 13 compras controladas en las que adquirieron metanfetamina y fentanilo a miembros de la asociación delictiva. En la primera compra, las drogas se entregaron en un gran cubo de crema agria que contenía metanfetamina.

“En este caso se trata de miles de pastillas de fentanilo, 3.5 kilogramos de metanfetamina y 45 libras de mariguana. Entre junio de 2021 y enero de 2022, la organización de Rubio-Quintana envió más de 60 transferencias electrónicas a proveedores mexicanos de drogas, por un total de más de 58 mil dólares”, se resaltó.

En este proceso, como parte de su acuerdo de culpabilidad, Rubio-Quintana aceptó renunciar a 23 mil 666 dólares que se le decomisaron, y además, enfrenta la deportación inmediata al concluir su condena de 121 meses de prisión.

El caso fue investigado conjuntamente por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Operaciones de Cumplimiento Normativo y Expulsión (ERO), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Grupo de Acción Antidrogas del condado de Washington, mientras que los fiscales adjuntos Stephen P. Dent y Angela M. Reddish-Day, procesaron el caso.

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