Encabeza FGE operativo para atender sentencia de la CIDH por desaparición de tres personas
El pasado 29 de diciembre de 2009, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecieron en manos de presuntos militares.
Por Juan José García Amaro.
La Fiscalía General del Estado (FGE) implementó un operativo en la zona noroeste del estado, con el fin de dar continuidad a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al “Caso Alvarado Espinoza y Otros vs México”, referente a la desaparición de dos mujeres y un hombre.
El organismo internacional refirió que el pasado 29 de diciembre de 2009, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecieron en manos de presuntos militares.
Por ello, autoridades estatales y federales trabajarán de manera conjunta durante cinco días consecutivos para efectuar acciones de búsqueda en las zonas despobladas y cuerpos de agua de los municipios de Nuevo Casas Grandes, San Buenaventura, Janos y Ascensión.
Para esta intervención, se conformó un grupo de trabajo en el que participan los grupos multidisciplinarios de la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, el Ministerio Público de la FGR, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, representantes de la Delegación de Protección Civil y elementos de la Guardia Nacional.
Las actividades se iniciaron en el lugar conocido como Laguna Grande ubicada en el municipio de Casas Grandes, en donde se utilizaron motos acuáticas y un dron sumergible para la inspección del cuerpo de agua.
Para las actividades terrestres se trabajó con drones aéreos y cuatrimotos, así como con el equipo de georadar, a efecto de documentar las condiciones del terreno, para posteriormente analizar los puntos de interés con el apoyo de varios elementos caninos.
Dentro de los primeros trabajos, se logró documentar la cartografía y el mapeo de la laguna y las zonas aledañas que se han inspeccionado hasta el momento, descartando la presencia de hallazgos que pudieran tener algún interés criminalística.
La Fiscalía de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, continuará informando de los trabajos que se llevan a cabo en la zona noroeste del estado y continuará apoyando los trabajos de búsqueda que se llevan a cabo en la zona noroeste del estado.
La sentencia.
El 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto
Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México.
En el presente caso la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como de un patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis. Ello, derivado, en parte, por la militarización como estrategia de seguridad pública en la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el año 2006.
En particular se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los “Operativos Conjuntos”. Dichas desapariciones se habrían dado durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona.
De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, el 29 de diciembre de 2009 aproximadamente entre las 8:00 y 9:00 de la noche, José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza se encontraban a bordo de una camioneta estacionada en las afueras de la casa de la suegra de José Ángel Alvarado en el Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, cuando fueron detenidos por alrededor de 8 y 10 personas que portaban uniformes militares, quienes les obligaron a abordar una de las camionetas particulares en que arribaron y tras lo cual huyeron con rumbo desconocido. Momentos después, cerca de las 9:00 o 10:00 de la noche, entre 8 y 10 sujetos que portaban uniformes militares arribaron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes, ubicado también en el Ejido Benito Juárez, en donde se encontraba acompañada de sus dos hermanos A. A. R. y A. R. A. R., de su hija A. M. U. A., todos menores de edad, y de su madre, Patricia Reyes Rueda, y tras detenerla la obligaron a abordar un vehículo que se retiró del lugar. A partir de que sucedieron los hechos, no se tiene noticia del destino o paradero de los tres desaparecidos.