Estados Unidos anuncia con sentido humano, nuevas medidas contra la migración ilegal.

Por Juan José García Amaro.

A punto de que expire el Título 42 de la Ley del Servicio Público de Salud de Estados Unidos, los Departamentos del Estado y de Seguridad Nacional, anunciaron medidas para administrar “humanamente” la frontera mediante la disuasión, el cumplimiento y la diplomacia.

Además, con el apoyo del Departamento de Defensa y de países del Hemisferio Occidental, implementará dichas medidas “dentro de las limitaciones de un sistema inmigratorio defectuoso que el Congreso no ha podido arreglar, al no actuar sobre la propuesta de reforma migratoria integral del presidente (Joe) Biden, para proteger a los “dreamers” y trabajadores agrícolas”, entre otros, se indicó.

Informó que a las 11:59 p. m., del jueves 11 de mayo, levantará la orden del Título 42 de la era de la pandemia, “porque el Covid-19 ya no es la amenaza que fue y la emergencia de salud pública está terminando. Cuando se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará la aplicación del Título 8 de larga data para procesar y expulsar a las personas que llegan ilegalmente”, advirtió.

Como parte del plan integral de múltiples agencias y de varios países que se preparan para el regreso al procesamiento de migrantes bajo las autoridades del Título 8, la administración (federal) anuncia medidas radicales adicionales, que incluyen:

La apertura de los Primeros (100) Centros Regionales de Procesamiento para Dirigir a Individuos a Vías Legales, y en los próximos días se lanzará una plataforma en línea para que las personas hagan citas para llegar a un centro cercano, se anunció.

En esta estrategia, personal de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se desplegará para apoyar estos Centros que servirán para dirigir a los migrantes a caminos legales de manera temprana y mucho antes de llegar a la frontera Suroeste.

Igualmente, personal de los Centros Regionales de Procesamiento examinará a las personas para determinar su elegibilidad para el reasentamiento de refugiados estadounidenses u otras vías legales a los Estados Unidos, Canadá y España.

Como parte de las acciones, a partir de este miércoles, se desplegaron los primeros 550 militares para apoyar a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, donde se unirán a las 2 mil 500 tropas de la Guardia Nacional que se encuentran en la frontera.

“Estas tropas brindarán apoyo administrativo en las instalaciones de CBP, para que los agentes y oficiales puedan salir al campo para asegurar y administrar humanamente la frontera. Las mil tropas restantes se anunciarán pronto e incluirán personal del Ejército, Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea”, se agregó.

Dentro de las medidas que se lanzaron en regiones de alta prioridad, como en El Paso, para procesar rápidamente a migrantes para su deportación, el Departamento de Seguridad Nacional anunció más de 250 millones de dólares para las comunidades que reciben inmigrantes.

Tras destacarse que la administración Biden-Harris ha implementado la mayor expansión de vías legales de protección en décadas, se informó que se emitirá una regla final para alentar a las personas a usar caminos legales en lugar de intentar cruzar a los Estados Unidos sin autorización previa a lo largo de la frontera Suroeste.

“Esta regla es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en los Estados Unidos en un momento en que el Congreso se niega a reformar las leyes de inmigración incumplidas o a proporcionar los fondos necesarios para contratar suficientes oficiales de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes”, consideró.

Al señalar que los contrabandistas han intensificado su campaña publicitaria “para sacar provecho de los migrantes”, se informó que se está contrarrestando esa información por la vía digital en América Central, del Sur, y en el Caribe.

“El Departamento de Estado también está ampliando la información sobre las vías de migración legal y los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración. Esta información se difunde a través de las redes sociales, periódicos, televisión”, se resaltó.

En el marco de las medidas “humanas” que se aplicarán, como recibir hasta 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, los oficiales de asilo, acelerarán los procesos de meses a días para las personas que cruzaron la frontera recientemente, así como eliminar a aquellas que no tienen una base legal para quedarse.

En este contexto, se busca acelerar acuerdos de repatriación con países del Hemisferio Occidental, incluidos los esfuerzos diplomáticos con México, para expulsar a las personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen, e intensificar la aplicación de la ley de México y Estados Unidos contra los contrabandistas que explotan a migrantes.

“Múltiples agencias federales están trabajando para administrar la frontera utilizando las herramientas que tienen, pero el Congreso necesita actualizar nuestras leyes de inmigración. El Congreso también debe proporcionar los fondos que solicitó la administración, incluidos los 4.9 mil millones para seguridad y gestión fronteriza que el Congreso redujo a la mitad”, reclamó el gobierno federal.

“El Gobierno de México anunció que seguirá aceptando devoluciones, por motivos humanitarios de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, procesados ​​bajo el Título 8. Las personas expulsadas están sujetas a una prohibición de admisión de cinco años y a un posible proceso penal en caso de volver a ingresar ilegalmente”, se reiteró.