FGR va contra juez y magistrados que desecharon orden de aprehensión contra Genaro García Luna

Por Juan José García Amaro.

La Fiscalía General de la República (FGR) procederá legalmente en contra del juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, y de los magistrados que desecharon la orden de aprehensión que se libró contra Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito, pues se le encontró un “ingreso injustificado” por más de 43 millones de pesos.

“Se iniciará el procedimiento legal en contra del Juez de Distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los Magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia”, se precisó.

Mientras existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro “G”, se explicó que la orden de aprehensión que liberó un Juez de Control por enriquecimiento ilícito, se logró tras habérsele descubierto un ingreso injustificado por más de 43 millones de pesos.

La FGR destacó que este hallazgo se dio durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos recursos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables.

“Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido.

“Aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, indicó.

Resaltó que el Tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía:

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos…”, tomaron la decisión mencionada”, subrayó la FGR.

Cabe destacar que las tres órdenes de aprehensión que se liberaron en contra del ex secretario de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, son por los siguientes delitos:

La primera es por su participación en el caso “Rápido y furioso”, en el que se investigó el tráfico de armas de los Estados Unidos a México, y en las que muchas de estas, fueron utilizadas por el crimen organizado.

La segunda, es por su vinculación en daño patrimonial inmenso que superó los más de 64 mil 900 millones de pesos, y la tercera, por su complicidad en contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5 mil 112 millones de pesos, en 10 contratos ilegales.

En este expediente, el juez competente libró una serie de órdenes de aprehensión en contra de la esposa y varios hermanos de Genaro García Luna, y de más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

“Bajo su auspicio, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Agregó que los beneficios de estos ilícitos, fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en este caso, al estado de Florida.

Durante las investigaciones, se identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019.

El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.

La UIF sostuvo que el proceso civil que se sigue es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público.