Huachicoleros son socios de alto funcionario del Sistema Portuario Nacional

Sin medias tintas: Rodolfo Montes.

La empresa detrás del megadecomiso de “huachicol” asegurado en Tamaulipas a finales de marzo está vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez, un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo a los expedientes judiciales y actas mercantiles consultadas por MCCI, revelan que el funcionario está asociado a los dueños de Intanza SA de CV, la compañía responsable de importar desde Estados Unidos los más de 10 millones de litros de diésel que se hicieron pasar por aditivos para aceites y que fueron asegurados por la Marina tras arribar al puerto de Tampico, en lo que representó el más grande decomiso de “huachicol”.

Intanza tiene como accionistas a Ricardo Ayón Rodríguez y a Ramiro Rocha Alvarado, quienes son socios de Antonio Martínez en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, dedicada a la fabricación e importación de productos electrónicos.

Desde marzo del 2024, Francisco Javier Antonio Martínez se desempeña como director de Administración y Finanzas de la ASIPONA Tampico. Anteriormente fue administrador de la aduana de Matamoros y administrador de proyectos aduaneros del SAT.

Y aunque desde 2022 figura como accionista de Belure, no reporta su participación en su declaración patrimonial, de la que se desprende que en los últimos años ha adquirido de contado una colección de autos clásicos.

El pasado 31 de marzo, el SAT incluyó a Intanza en el listado de contribuyentes suspendidos del padrón de importadores. Ese mismo día, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de los 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas.

MCCI comprobó que, tras el operativo federal, Antonio Martínez no fue removido de su cargo. En un evento público realizado en las instalaciones portuarias el 16 de abril, el funcionario apareció posando con el director general de la ASIPONA, el Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez –quien tampoco fue separado de su cargo–, y con la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal, hermana del gobernador Américo Villarreal.

Amparos revelan papel de Intanza como importador

El 22 de marzo, tres días después de que el buque Challenge Procyon arribara con el combustible ilegal al puerto de Tampico procedente de Beaumont, Texas, Intanza promovió un juicio de amparo reclamando al administrador de la aduana del puerto tamaulipeco la confiscación del presunto aditivo de su propiedad.

La demanda fue admitida por el Juzgado Noveno de Distrito de Tamaulipas, que negó la suspensión provisional a la empresa, por lo que Intanza impugnó la resolución ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil.

El 25 de marzo, el Tribunal Colegiado revocó por unanimidad la resolución del juez de distrito y concedió la suspensión provisional a Intanza.

Sin embargo, la sentencia señala que la suspensión quedará sin efectos “de resultar que las mercancías versan sobre bienes de importación catalogados como prohibidos por las leyes en materia de comercio exterior aplicables, así como de resultar que hayan omitido el pago de las contribuciones fiscales correspondientes que justifiquen su legal ingreso al país”.

Esta última condición impuesta por el Tribunal Colegiado forma parte del modus operandi del huachicol fiscal, el cual busca evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel al declarar su importación con una fracción arancelaria distinta, como pueden ser los aditivos.

Un juicio de amparo más, promovido el 28 de marzo por el apoderado de Intanza, Osmar Antonio Constancio Pecina, revela que el supuesto aditivo incautado por las autoridades federales estaba amparado por la factura HT081 emitida por la empresa Hevi Transport LLC.

Hevi Transport es una compañía constituida en Texas que se dedica a la transportación de gasolina y diésel en ferrocarriles y camiones cisterna entre México y Estados Unidos.

Un documento difundido por la periodista Michelle Rivera revela que Intanza sería la empresa que importó el huachicol que arribó al puerto de Guaymas, Sonora, a bordo de la embarcación Torm Agnes y que fue decomisado por las autoridades federales también a finales de marzo.

Pasa funcionario de taquero… a coleccionista de autos clásicos

En agosto del 2013, Francisco Javier Antonio Martínez se integró al Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde tuvo un ascenso meteórico.

Tras desempeñarse como jefe de departamento de la Administración General de Evaluación, y posteriormente sub-administrador de la misma área, en abril de 2015 asumió como administrador de Proyectos Aduaneros de la Administración General de Aduanas, y en julio de 2017 fue designado como administrador de la Aduana de Matamoros, donde estuvo hasta febrero de 2018.

Luego de reintegrarse al SAT en noviembre de 2019 como jefe de departamento de Recintos Fiscalizados de la Aduana de México (Pantaco), en su declaración correspondiente al 2020 –presentada a mediados de ese año– reportó por primera vez ingresos mensuales por un par de negocios y dos vehículos de su propiedad, ya que en las de años anteriores no daba información sobre su patrimonio.

En ese documento, Antonio Martínez declaró haber tenido en 2019 ingresos por 360 mil pesos por una taquería y de 480 mil pesos por un taller mecánico.

Tacquiao es el nombre de la taquería que él mismo registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en octubre de 2019, de acuerdo con el registro de marca consultado, y que tiene una sucursal en un pequeño local con mesas de plástico en Chimalhuacán, Estado de México, y un puesto de tacos de lámina sobre una acera en la Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Al año siguiente sus negocios aparentemente prosperaron, pues en su declaración de 2021 reportó haber tenido en 2020 ingresos por 1.8 millones de pesos por la taquería y el taller mecánico, ubicado en Atizapán, en Edomex.

Francisco Javier Antonio Martínez concluyó en marzo de 2022 su cargo como jefe de departamento de Recintos Fiscalizados, de la ahora Agencia Nacional de Aduanas de México, y dos años después, en marzo de 2024, asumió como titular de administración y finanzas de la ASIPONA Tampico, que depende de la Secretaría de la Marina.

En la declaración que presentó tras asumir dicho cargo reportó ingresos mensuales por 500 mil pesos por los dos negocios de su propiedad, la taquería y el taller mecánico, una cifra muy superior a los 840 mil pesos anuales que declaró por ambos establecimientos en 2020.

El local de la taquería en Chimalhuacán cuenta con siete mesas con sillas de plástico y se ubica en una esquina de una zona popular de este municipio del Estado de México, uno de los más inseguros del país. Al acudir al lugar, MCCI corroboró que el establecimiento opera de manera intermitente, de acuerdo con vecinos.

Mientras que el puesto de lámina blanca que operaba en la banqueta sobre la calle Morelos, en el Centro de la Ciudad de México, cerró desde hace un mes y ya ni siquiera cuenta con el nombre del negocio.

El funcionario también reportó ser propietario de 18 vehículos, entre ellos al menos una decena de automóviles clásicos de colección, además de dos camionetas de lujo y dos motocicletas Harley-Davidson.

Los diez vehículos clásicos que posee, con modelos que van de un elegante Chevrolet Fleetline de 1946 a un Camaro de 1979, fueron adquiridos de contado entre 2022 y 2023, por precios que van hasta los 900 mil pesos. Y, a diferencia de otros automóviles que declara, en estos casos no reporta a quién se los compró.

Actualmente, al frente de la Gerencia de Administración y Finanzas de la ASIPONA Tampico recibe un sueldo mensual neto de 51 mil 361.20 pesos, de acuerdo con información de Nómina Transparente al 31 de marzo.

Denuncian red de complicidad

Fuentes consultadas por MCCI señalan a Antonio Martínez como parte de una red que opera el tráfico de combustible ilegal en el puerto de Tampico, donde también participan ex funcionarios federales, personal de la misma ASIPONA y quienes manejan los muelles de terminales públicas a los que llegan los buques con huachicol. Todo esto ocurre, aseguran, bajo el amparo de los mandos de la Secretaría de Marina que administran los puertos.

El pasado 17 de enero de 2025, el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez asumió como director general de la ASIPONA de Tampico, en sustitución del vicealmirante Salvador Camargo Vivero, quien ocupó el cargo desde marzo de 2024.

Para permitir que se introduzcan al país buques cargados de diésel sin el pago de impuestos correspondientes, explicaron, se burlan las medidas de vigilancia, revisión y de seguridad en torno la operación de estas embarcaciones que llegan al puerto tamaulipeco.

En la parte final de estas operaciones ilegales, una vez que arriban los buques con el combustible traficado, procedente de Estados Unidos como en este caso, proceden a cargar clandestinamente el combustible que transportan, que hicieron pasar por aceites u otros aditivos, a pipas para su traslado.