septiembre 21, 2024

La gobernadora sufrió la agresión política “más dura” en la historia de Chihuahua: Jáuregui

Al participar en la firma del convenio de colaboración para garantizar la aplicación de la Ley #8de8 Contra la Violencia Política en Razón de Género, Jáuregui Moreno resaltó la importancia de documento, “porque este convenio nos vuelve a colocar en la tarea diaria que se tiene que hacer para la preservación de los derechos político electorales de las mujeres”, dijo.

Por Juan José García Amaro.

A una semana de que la gobernadora Maru Campos Galván repudió haber sufrido violencia “viendo a mis agresores libres y empoderados”, el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, visiblemente molesto, afirmó que la mandataria sufrió la agresión política de género “más dura en la historia de Chihuahua” por parte del (ex) gobernador Javier Corral Jurado.

“Sufrió una de las agresiones políticas de violencia de género más duras que yo recuerde, sino es que la más en la historia de Chihuahua. Se tuvo que sobreponer a un aparato estatal que estaba total y absolutamente empeñado en su esquizofrenia política en impedir el acceso de esa mujer en específico al ejercicio del poder público”, precisó.

Al participar en la firma del convenio de colaboración para garantizar la aplicación de la Ley #8de8 Contra la Violencia Política en Razón de Género, Jáuregui Moreno resaltó la importancia de documento, “porque este convenio nos vuelve a colocar en la tarea diaria que se tiene que hacer para la preservación de los derechos político electorales de las mujeres”, dijo.

Por ello, resaltó la participación del Poder Judicial y del Instituto Estatal Electoral (IEE) para implementar acciones en esta lucha diaria, pues cada vez habrá un caso excepcional en el que se ponga atención a estos asuntos, donde la mujer está accediendo al ejercicio del poder político.

“No es un estado de cosas que se vaya a preservar si entre todos no lo cuidamos a diario, así como los ingleses cuidan el césped para que los jardines botánicos británicos sean los más hermosos del mundo”, concluyó en su intervención en este evento que se celebró en las instalaciones del IEE.

En la ceremonia se informó que con el objetivo de cumplir la Ley #8de8 Contra la Violencia Política en Razón de Género, los representantes del Instituto Estatal Electoral (IEE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y la Fiscalía General del Estado (FGE), firmaron un convenio para impedir que personas agresoras de la ley no participen como candidatas.

El convenio de colaboración fue signado por la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto; la magistrada Karla Esmeralda Reyes, en representación de la presidenta del TSJE, Myriam Hernández Acosta, y el titular de la FGE, César Jáuregui Moreno.

Además, las y los consejeros Electorales Fryda Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Gerardo Macías Rodríguez, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Zenteno Fernández; el secretario Ejecutivo del IEE, Arturo Muñoz, así como representantes del Poder Legislativo y de las secretarías de Gobierno del Estado.

Se explicó que el convenio tiene la finalidad de entablar una relación interinstitucional para dar viabilidad a las responsabilidades impuestas en el artículo 38 constitucional a los órganos electorales, para que éstos vigilen que personas agresoras no sean candidatas a puestos de elección.

Son 8 supuestos en los cuales una persona postulada como candidata no debe haber incurrido en:

1.- Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.

2.- Comisión de delitos contra la libertad y la seguridad sexuales.

3.- Cuando se afecte al normal desarrollo psicosexual.

4.- Violencia familiar.

5.- Violencia doméstica.

6.- Violencia en la intimidad sexual.

7.- Violencia política.

8.- Morosidad relacionada con el pago de la pensión alimentaria.

La titular del IEE, Yanko Durán Prieto, recordó que en el pasado no existía una obligación jurídica para demostrar que una persona candidata no había incurrido en estos delitos, sólo bastaba que se manifestara bajo protesta, lo cual no era suficiente para otorgar certeza a la ciudadanía.

“Con este convenio se sientan las bases operativas para tener información de todas las personas postuladas, para que el IEE pueda verificar que no se encuentren en suspensión de sus derechos políticos y electorales, para garantizar que las personas que nos representen en los espacios públicos y de poder sean personas de honestidad e íntegras”, finalizó.

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