mayo 20, 2025

Legislativo ‘tumba’ 26 candidaturas al Poder Judicial por su falta de idoneidad

Expusieron que 18 personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación” y por estar vinculadas a investigaciones penales federales y con delitos graves, como abuso sexual y delincuencia organizada, entre otros delitos.

Por Juan José García Amaro.

Los presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna, y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas al Poder Judicial por estar relacionados con diversos delitos, y otros, cuentan con órdenes de aprehensión.

Con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos legisladores, expusieron que 18 personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación” y por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes.

Además, están relacionadas con delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, mientras que 8 candidaturas no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.

El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.

“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna, al insistir en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.

Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93. Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso:

“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.

El legislador subrayó que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.

Finalmente, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.

Previamente, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el equipo jurídico de la Cámara Alta, está listo para presentar estas impugnaciones en contra de quienes han favorecido a grupos criminales, lo que representa una falla que debe corregirse.

“Nosotros creemos que de una vez, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral, pero ya señalamos razones con argumentos muy fuertes”.  En su video-charla por redes sociales, reiteró que los jueces y juezas que han favorecido a grupos criminales, representa una falla que debe corregirse.

Sostuvo que deben retirarse las candidaturas sospechosas antes de que participen en las elecciones y recordó que hay precedentes al respecto pues se han cancelado antes de aparecer en las boletas, contrario a lo sostenido por el INE, que argumenta que las revisiones deben darse después de las elecciones.

“Estamos en tiempo, porque ese tipo de impugnaciones no tienen plazo. En cualquier momento que tengas información sobre la falta de idoneidad; no vamos a meter ninguna impugnación que no sea sólida”, dijo.

Fernández Noroña dijo que las áreas jurídicas de la Presidencia de la Cámara de Senadores y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), han trabajado en este tema y ya tienen un avance significativo al respecto. pues se requirió información a la FGR y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para tener sustentado ese tema.

A continuación la lista de las 18 personas relacionadas con delitos de alto impacto.

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