Ofrece Estado Mexicano disculpa pública a familiares de niñas y mujeres asesinadas

Por Juan José García Amaro.

En medio del dolor y del hambre de justicia de las familias que perdieron de manera violenta y brutal a sus hijas en Ciudad Juárez, el Estado mexicano les pidió una disculpa pública al reconocer su (i) responsabilidad por la muerte de seis jóvenes y la desaparición de una bebé en hechos ocurridos entre 1995 y 2003 en esta frontera.

Se resaltó que este acto forma parte del acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso 13.377 Silvia Elena Rivera Morales y Otras vs. México.

En una sentida ceremonia en el Memorial del célebre Campo Algodonero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en nombre del Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1995 y 2003.

“Como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias y ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias”, expresó el funcionario.

Durante el evento en el Memorial “Víctimas del Feminicidio”, donde acudieron el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno y el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entre otros funcionarios, Medina Padilla, afirmó que se permitió la impunidad y reconoció que este sitio simboliza una lucha constante por la justicia.

Sostuvo que durante décadas el Estado falló en proteger la vida, integridad personal, libertad, personalidad jurídica, garantías judiciales, honra, igualdad y protección judicial de las víctimas. Además, enfatizó que se vulneraron los derechos humanos de las familias, que no han dejado ni un solo día de exigir justicia.

Por ello ofreció la disculpa pública a las madres y familiares de las víctimas: Julia Caldera Chávez (madre de María Elena Chávez Caldera, víctima de feminicidio en el 2000); Paula Flores Bonilla (madre de María Sagrario González Flores, víctima de feminicidio en 1998); Irma Pérez Franco (madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, víctima de feminicidio en 1995).

También a: Juana Rodríguez Bermúdez (madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003); María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lee (madre y tía respectivamente de Cecilia Covarrubias Aguilar, víctima de feminicidio en 1995.

Así como de la bebé Ibarra Covarrubias, desaparecida desde 1995); Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos (madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995).

“Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas y mujeres a la vida. No solo las autoridades no les protegieron, sino que, en muchos casos, fueron éstas las que perpetraron o toleraron la violencia…

“Las niñas y mujeres de Ciudad Juárez, especialmente las jóvenes de entornos marginados, fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en condiciones de pobreza y desigualdad.

“Sufrieron violencia en las calles, en el trabajo y por parte de autoridades indolentes. Sus vidas fueron truncadas de manera brutal, dejando un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad. El Estado mexicano reconoce su papel fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencia. No hay palabras que puedan reparar el daño causado”, dijo.

En su turno, el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, destacó la importancia toral de este evento de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del estado mexicano a las víctimas de tan terrible violencia de hace algunos años Chihuahua.

“Yo creo que es mejor 20 años después, que nunca y que el día de hoy después de todo este tiempo transcurrido, después de toda la lucha de las madres, familiares de quienes fueron objeto de la peor de las violencias y de quienes les ayudaron en la tramitación de este juicio resulta de fundamental importancia repito que el estado Mexicano reconozca su responsabilidad”, indicó.

Entre las madres que tomaron la palabra en este acto, con su dolor a flor de piel, Paula Flores Bonilla, dijo que no siente vergüenza al recibir esta disculpa en memoria de su hija María Sagrario, pues espera que con el convenio que firmaron esta mañana las autoridades, se comprometan en castigas a los responsable de las omisiones.

Para terminar su participación, la afligida madre presentó su poema “Almas cansadas”, con el que movió las fibras de sus hermanas de dolor como de las propias autoridades.

“¿Cansada? Sí, un poco. Cansada de tanto dolor, promesas incumplidas y alternativas sin solución. Ojalá que tú sí escuches la voz del alma cansada y el latir de su corazón.

“Pues hay momentos en los que no quiero nada, hay momentos en los que me siento sin razón. ¿Y mi hija muerta? ¿También estará cansada? Si su alma vive, viva pide descanso, porque al morir su cuerpo, el alma asustada, y por más que lloro y por más que río, la comprensión no alcanza. Aún viven las almas, aún vive la esperanza, aún siguen las muertes, aún sigue la fe”.

Poco antes, en las oficinas estatales de Pueblito Mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, suscribió el acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la CIDH, con las familias de las víctimas.

El acuerdo busca obtener alcances individuales y colectivos en el estado de Chihuahua; compromete la capacitación a personal servidor público sobre el principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres, así como la debida diligencia para el caso de la desaparición de mujeres, además de fortalecer la incorporación del enfoque de género en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

También tareas encaminadas a la implementación de medidas que prevengan la repetición de violaciones graves a los derechos humanos. Aunado a ello, el acuerdo proporciona una hoja de ruta para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, lo que brinda certeza a las partes sobre los pasos a seguir.

Finalmente, se develó una placa de bronce colectiva en la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de una cruz de concreto en memoria de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, en los terrenos de la antigua estación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferromex), en Ciudad Juárez.

Estuvieron las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada; de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún; la encargada de despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Sayda Yadira Blanco Morfín; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Vladimir Enciso Higuera.

Por parte del Gobierno del Estado, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez; la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Estado, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández; y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Rubí Enríquez Parada; el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; y el titular de la FGE, César Jáuregui Moreno.

Asimismo se contó con la fundadora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. Cedimac, Ivonne Mendoza Salazar; y la presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights), Kerry Kennedy, entre otros.