Por la muerte de migrantes, se procede penalmente en contra de Garduño y el delegado del INM.

Por Juan José García Amaro

Martes 11 de abril de 2023

A 15 días de que se registrara el incendio en las celdas de la Estancia Migratoria, donde fallecieron 40 migrantes, la noche de este martes, se procedió penalmente en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Francisco Garduño Yáñez

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también cayó por estos hechos, el director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, ya que ambos funcionarios incurrieron en conductas delictivas durante su ejercicio administrativo.

Además de los altos funcionarios, la guillotina penal alcanzó al delegado estatal, el contralmirante Salvador González Guerrero, así como los agentes Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del departamento de recursos materiales, quienes se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos, se apuntó.

La FGR señaló que Garduño y su segundo de abordo, no solamente serán procesados por la tragedia ocurrida el 27 de marzo en esta frontera, sino también por lo sucedido hace tres años en el Centro Migratorio en Tenosique, Tabasco, donde murió un migrante.

“El 31 de marzo de 2020, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos”, se apuntó.

Con respecto a los hechos ocurridos en esta frontera, se informó que de los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, se obtuvieron órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas: 3 agentes del Inami, un guardia privado y un migrante.

Por lo anterior, se resaltó que con las pruebas obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del Inami como de la empresa de seguridad privada.

Se explicó que el Inami es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de las políticas migratorias, por lo que se inició una investigación paralela, tanto en el Inami, como en la empresa de seguridad privada.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, puntualizó la FGR.

En el marco de estas investigaciones, se estableció que la empresa de seguridad privada y el propio INM, suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública, generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”, concluyó la institución.