TEJA sanciona a cuatro ex servidores públicos; destaca ex tesorero juarense

Por Juan José García Amaro.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sancionó –por separado- a dos particulares y cuatro servidores públicos municipales por diversas faltas cometidas durante el ejercicio de sus funciones; estos últimos, como tesorero, regidores y síndica.

Cada caso fue detectado y denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como parte de su labor de fiscalización y se suman a otros 12 casos denunciados y determinados por el pleno del Tribunal Estatal con responsabilidad administrativa por faltas graves.

“En las últimas dos sesiones celebradas de manera pública, el Pleno del Tribunal desahogó los asuntos y dictó las resoluciones correspondientes”, resaltó en un comunicado la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Con respecto a los particulares sancionados, con las iniciales: I. B. C. y J. A. O. C., se les impuso una sanción económica por presentar información falsa para obtener apoyos por 74 mil 224 pesos del Programa de Apoyo a las Empresas del Sector Restaurantero y Eventos Sociales del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), lo que fue detectado en la Cuenta Pública 2020.

En cuanto a los servidores públicos, se determinó responsabilidad a G. R. CH., que en el 2019 se desempeñaba como tesorero municipal de Ciudad Juárez por contratar dos despachos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta, cuando no era necesario realizar ningún procedimiento para ello.

“La determinación de la responsabilidad del tesorero por desvío de recursos públicos fue consecuente a la revisión financiera de la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Juárez (administración anterior) realizada por la ASE”, se indicó en el comunicado.

Se trata de Gerardo Ronquillo Chávez, quien estuvo al frente de la Tesorería Municipal de la administración encabezada por Armando Cabada Alvídrez.

Tras el hallazgo de las irregularidades, la ASE presentó ante el TEJA la denuncia en la que detalla la celebración de dos contratos sin evidencia del trabajo realizado por los particulares, Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. por 249 mil 500 pesos y otro con Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C a la cual se le acreditó un pago por 187 mil 843 pesos, se indicó, sin darse a conocer la sanción impuesta.

El segundo de los casos referido a V. T. M., que en el 2019 al mismo tiempo que cumplía con su función como Síndica de Santa Isabel, celebró un contrato como proveedora del mismo municipio por 170 mil pesos en el que, pese a su cargo público manifestó no tener impedimento legal para hacerlo, contraviniendo así lo establecido legalmente.

Cabe destacar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, establece que los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o adjudicar contrato alguno con personas a las que desempeñen o hayan desempeñado hasta un año antes un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El TEJA determinó la existencia de responsabilidad de la ex síndica y le impuso una inhabilitación de tres meses para participar en cualquier proceso de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Caso similar al anterior ocurrió con el servidor público C. A. R. A. a quien el Tribunal determinó responsable de falta administrativa grave, pues registró a la empresa “AA PRINT S.A. de C.V.” en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua manifestando no tener ninguna de las limitantes de la Ley de Adquisiciones, sin embargo, en ese momento tenía el cargo de regidor en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

“Presentó una manifestación bajo protesta de decir verdad, negando el supuesto legal y obtuvo dos contratos de arrendamiento y publicidad por un monto de 1.5 millones de pesos, lo cual fue advertido por la ASE durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Chihuahua.  Ante la falta, el TEJA determinó la responsabilidad y le impuso inhabilitación por tres meses para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

“En estos dos casos descritos, el Pleno del Tribunal advirtió la posibilidad que junto con la inhabilitación se incluya además una sanción económica, pendiente a determinar”, resaltó la ASE.

Con respecto al quinto servidor público sancionado, J. F. H., quien se desempeñaba como regidor del Ayuntamiento de Santa Isabel y miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos autorizó una contratación directa de él mismo como proveedor de ese municipio para la elaboración y venta de alimentos por 241 mil 747 pesos, durante el 2020.

Por ese hecho, el TEJA lo encontró responsable de actuación bajo conflicto de interés, sin embargo, dejó pendiente el dar conocer el establecimiento de la sanción correspondiente.

“Es importante destacar que de febrero del 2021 a la fecha, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) le ha admitido a la ASE 109 asuntos para su análisis y, en su caso, la determinación de responsabilidad”, concluyó la ASE.