noviembre 22, 2024

Tras su muerte, El Chueco enfrenta a los gobiernos federal y estatal.

Luego de que fracasaran las autoridades militares, federales y estatales para capturar al asesino de los sacerdotes jesuitas, José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, a una semana de haber sido ejecutado en Choix, Sinaloa, se enfrentaron los gobiernos federal y de Chihuahua.
Se dijo que “El Chueco” fue ejecutado entre el 17 y 18 de marzo en un paraje de aquella entidad, a la que fue llamado por los líderes del Cártel de Sinaloa y del grupo “Gente Nueva”. En dicha reunión, los sinaloenses decidieron su destino, que fue refrendado con un tiro de gracia.
Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sacudió a las autoridades estatales al asegurar que el gobierno del estado le hizo una propuesta “indecorosa”, al pedirle la salida del Ejército a cambio de que se entregaran los cuerpos de los curas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados el 20 de junio de 2022.
Al cumplirse una semana de la ejecución del operador del Cártel de Sinaloa en Urique, Chihuahua, en cuya zona se paseaba como “Juan por su casa”, esto, pese al operativo que se implementó durante nueve meses para capturarlo, López Obrador reveló que se le exigió que el Ejército y la Guardia Nacional se retiraran para entregar los cuerpos, que fueron robados de la escena del crimen.
“Hay propuestas y uno decide si las acepta o no, hay propuestas indecorosas siempre, ya ves cómo son las cosas. Nos mandaron decir que si salía el Ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no, y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron por donde ya se había buscado”, detalló.
Al respecto, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que “nunca” se pidió el retiro del Ejército de Cerocahui, donde “El Chueco” tenía su centro de operaciones, perteneciente al cártel sinaloense, al cual se integró desde 2014, y que desde entonces operaba sin mayor problema.
Tras desmentir al jefe del Ejecutivo federal, Jáuregui Moreno, sostuvo que “alguien” está mal informando al Presidente, pues nunca se solicitó el retiro del Ejército en Cerocahui, “y hasta el momento ha sido un aliado importantísimo en el restablecimiento de la paz en esa región…
“Hay alguien que está mal informando al Presidente o que no le está pasando los datos como deben ser. Jamás se ha solicitado una situación de esa naturaleza, incluso, en una colaboración con la Marina Armada de México, se realizó dos meses antes, en abril del 2022, un operativo cuyo objetivo fundamental era la captura de ‘El Chueco’”, dijo.
En ese operativo, el titular de la fiscalía estatal destacó que se logró “una incautación importantísima” de 81 armas, 67 de ellas largas, 450 kilos de goma de opio, “decomisos que tenían que ver con semilla para cultivar, camionetas, todo lo cual se calculó en aquel entonces en aproximadamente 50 o 60 millones de pesos”, agregó.
Explicó que este fue el resultado de una operación conjunta del personal de la Marina y la Fiscalía General del Estado (FGE), “con datos de inteligencia de ambas corporaciones, es decir (a “El Chueco”), ya se le tenía en la mira. “En lo que sí tiene razón el Presidente, es que este sujeto estuvo prácticamente como Juan por su casa.
“Porque desde el 2018 tenía orden de aprehensión por el homicidio de un norteamericano y por el homicidio de un activista y el señor estuvo 2018, 2019, 2020 y 2021, prácticamente en la absoluta impunidad, pero este gobierno en cuanto llegó realizó la labor de inteligencia que tenía que hacer, se coordinó con las fuerzas federales y efectuó un operativo con los resultados antes descritos.
Sin embargo, aun cuando no se logró el arresto que se pretendió durante los últimos nueve meses, Jáuregui Moreno manifestó que desde ese primer golpe y tras los lamentables acontecimientos de Cerocahui, gracias al Operativo Conjunto del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, no se volvió a registrar ni un solo acontecimiento delictivo encabezado por José Noriel, quien fue responsabilizado del homicidio de varias personas en la zona serrana.
A Portillo Gil se le acusó de la muerte de Patrick Braxton Andrew, quien fue encontrado sin vida el 18 de noviembre de 2018, mientras que el 31 de octubre de 2019 asesinó al activista Cruz Soto Caraveo, en Guazapares, municipio de Urique.
Además, el 11 de noviembre de 2019 se reportó la desaparición de tres comerciantes de Zacatecas. Hasta hoy, se desconoce el paradero de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, quienes fueron “levantados” por “El Chueco”.
Finalmente, el 20 de junio de 2022 “El Chueco” incendió la vivienda de la familia Berrelleza Rábago en Cerocahui y secuestró a Paul Osvaldo y Jesús Armando. Ese mismo día, asesinó con arma de fuego a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como al guía de turistas, Pedro Palma.
Luego de la muerte de los curas, se implementó un operativo –con más de 2 mil 500 elementos policiacos y militares– para capturar a Portillo Gil, quien logró burlar el cerco que se le tendió, en el cual se logró la captura, en estos nueve meses, de 32 sujetos que eran liderados por “El Chueco”.
“Sinceramente, pues creo que el Presidente está muy mal informado sobre la situación, ¿qué caso tendría si dos meses antes andábamos ya sobre él, hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucho de la infraestructura que ‘El Chueco’ tenía, con un decomiso importantísimo, para luego andar pidiendo que se fueran cuando el operativo que lo realizamos juntos en abril; a mí me parece que el Presidente tiene otros datos”, concluyó Jáuregui Moreno.

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